Por una profunda reforma a la red de bibliotecas públicas
Hace algunos días, durante una extensa reunión que mantuve con personeros del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en la cual participaron diversos actores del circuito del libro, manifesté la urgente necesidad de avanzar hacia la creación de una Ley de Bibliotecas Públicas, con miras a reformar profundamente el actual sistema y democratizar el acceso a la lectura en un país en el que esto último está muy lejos de constituir un derecho garantizado.
Desde distintas partes del territorio, muchas personas con las que he conversado el asunto expresan su sorpresa, pues creían que una ley de tales características ya existía. Aunque parezca increíble, una norma de esa naturaleza ha sido omitida por la misma institucionalidad que se jacta de contar con “expertos” en educación y cultura.
Sin embargo, los resultados de esa ausencia no son neutros, y, al contrario, asoman como un flanco que agrava las inaceptables desigualdades que patrocina el modelo económico.
Constituye una vergüenza constatar que hay un abismo entre el material disponible en las bibliotecas municipales de comunas ricas y pobres. En buen castellano, mientras el sistema de préstamo de libros de una comuna de altos ingresos en Santiago posee un catálogo de más de 60 mil volúmenes, disponibles en ocho sedes, la biblioteca municipal de una comuna de ingresos modestos en la Región de Ñuble no alcanza a contabilizar 2.400 textos. Desde luego, tales brechas son incompatibles tanto con la más elemental idea de igualdad de oportunidades como con la noción de bibliodiversidad que tanto mencionan los discursos oficiales sobre el tema.
Una distancia semejante viene a oscurecer mucho más la situación, porque no se trata solo de una dimensión cuantitativa: invito a los ministros de Educación y de las Culturas a mirar qué títulos hay en los estantes públicos de las comunas privilegiadas y en los de las más humildes. Subrayo el concepto de estantes públicos porque con presupuesto municipal se está ensanchando el muro del horizonte cultural entre las personas según el quintil de ingreso al que pertenezcan.
Lamentablemente, no es todo. Hace 50 años, el Golpe de Estado puso término, entre otras cosas, a los horarios de atención que desde comienzos del siglo XX habían instaurado notables directores de la Biblioteca Nacional como Carlos Silva Cruz y Eduardo Barrios, y que tenían como objetivo expreso abrir el mundo de la lectura y la formación a la clase trabajadora: atención hasta las 23:00, además de apertura los sábados, domingos y festivos. Hoy, en cambio, hay incluso bibliotecas que atienden hasta las 16:00 y solo de lunes a viernes, lo que quiere decir que el espacio está vedado para quienes cumplen una jornada laboral tradicional. ¿Para quién es, entonces, la biblioteca pública en Chile?
Por cierto, el sistema también se olvidó de los trabajadores que se desempeñan al interior de las bibliotecas municipales, muchos de los cuales perciben apenas el salario mínimo mensual por 45 horas semanales y no cuentan con enseñanza media completa (Estudio de hábitos lectores y percepciones sobre la lectura en Chile, Fundación La Fuente, 2022).
La ausencia de una norma que rija a las bibliotecas públicas implica, por otra parte, que ellas quedan supeditadas al arbitrio de los municipios: en unos, ellas están al alero del Departamento de Educación; en otros, del de Cultura y de la Dirección de Desarrollo Comunitario. No hay, pues, un criterio central que perfile sus objetivos.
A nivel internacional, en tanto, ha cobrado fuerza la ampliación del eje cultural de las bibliotecas hacia el ámbito de los derechos humanos, convirtiendo esos centros en espacios comunitarios que se hacen cargo de la educación no formal de la población, introduciendo cursos gratuitos para el público durante toda la jornada, tendiendo puentes con los sectores más vulnerables, proporcionando acceso a internet y fomentando la práctica lectora, que no es lo mismo que tener libros en los estantes. Y esto se puede impulsar desde realidades muy diversas. Así, mientras en Nordvest, Dinamarca, los servicios públicos del Estado -incluido el registro civil- fueron instalados dentro de la Biblioteca, donde también se dispuso un amplio sector de juegos para niños, en Angola se implementó en la biblioteca un sistema de capacitación y educación no formal que aporta a quienes no han completado su escolaridad y a quienes quieren acceder a estudios universitarios sobre temas que no se imparten en las aulas de la enseñanza superior.
Es fundamental dar paso a una ley que incorpore financiamiento suficiente para gestión y mediación, que coordine orgánicamente a las bibliotecas públicas, populares y comunitarias, que amplíe las compras públicas de libros, que ponga al alcance de la población catálogos que en cantidad y calidad sean consistentes con la idea de desarrollo, y que corrija las grandes desigualdades que condicionan las posibilidades lectoras. Para ello es también estratégico establecer niveles crecientes de coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil que pueden aportar al debate e impulsar el cambio.
David Hevia
Presidente
Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile