Los costos del menoscabo institucional a la cultura: una reflexión de la SECH

La SECH y la ciudadanía en su conjunto hemos recibido, con razonable consternación, las cifras que registran una nueva caída en los ya desastrosos resultados que informa el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce). Tales datos advierten, entre otras cosas, que en cuarto básico el 60% del estudiantado obtiene una calificación insuficiente o elemental para su nivel en Lectura, mientras que, en Matemáticas, el dominio adecuado solo lo alcanza el 15% de quienes cursan segundo medio; ello, además, marcando lamentables brechas sociales, regionales y de género.
Al respecto, ha sido patente el empeño de las autoridades por atribuir tan magro escenario sencillamente a la pandemia. Sin embargo, ese expediente cae por su propio peso, pues esquiva hacerse cargo de lo que por décadas ha estado ocurriendo en el país. En efecto, ya entre 2003 y 2015 los resultados para lectura anotaban una caída de 12 puntos, con una brecha de 23 puntos entre los colegios más humildes y el paupérrimo promedio nacional.
Tales antecedentes están en línea con las conclusiones de la Prueba PISA 2018, que en el caso de Chile muestran que apenas el 0,2% conseguía el mejor resultado, y que el 60% se ubicaba en el nivel 2 o inferior, de un máximo de seis.
Por cierto, este no es un fenómeno que atañe solo a quienes se encuentran en edad escolar.
Cabe recordar, en ese sentido, que en 2011 el Estudio de Comportamiento Lector realizado por el Consejo de la Cultura y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile arrojó que el 84% de los chilenos no entiende lo que lee. En 2016, en tanto, el informe de comprensión lectora de la OCDE estableció que solo el 2% de los chilenos de entre 16 y 65 años de edad comprende bien lo que lee.
En gran medida, esas son las consecuencias de casi medio siglo de privatización progresiva de la enseñanza, bajo un modelo que radicalizó la segregación de escuelas para ricos y pobres, a la vez que atomizó el quehacer universitario y debilitó el aporte fiscal directo, desfinanciando la educación pública y auspiciando, en cambio, el lucro en el sector. Ha sido ese, igualmente, el largo período en que, invocando a los supuestos expertos en educación, se quitó del currículo horas a educación cívica, filosofía y artes, al tiempo que se suprimió francés enarbolando las banderas de un bilingüismo en favor del inglés, ardid que se estrella con la realidad de un país donde ni siquiera el castellano presenta un dominio adecuado entre quienes egresan de la educación secundaria. Añádase a ello la duplicación de la jornada escolar en 1997, conocida con el eufemismo de “Jornada Escolar Completa”, puesta en marcha con la pretendida consigna de que con ocho horas semanales de lenguaje y ocho horas semanales de matemáticas se aprendía más que con cinco. Veintiséis años después, los lamentables resultados están a la vista.
Pero a ese proceso de sostenida pauperización del acervo colectivo ha contribuido además una serie de otras definiciones que, por acción u omisión dejan caer su golpe sobre la cultura. Entre muchos otros elementos, allí cabe consignar, más allá de la violenta concentración oligopólica de la prensa, el progresivo desmantelamiento de la televisión universitaria y estatal, siendo ambas modalidades reemplazadas por señales privadas que lucran a costa de emitir una parrilla programática que, en general, no es otra cosa que basura y un insulto a la dignidad de las personas, constatación que incluye mal llamado “canal de todos los chilenos”. En paralelo, desde el 11 de septiembre de 1973 se privó al país tanto de la única editorial estatal que tuvo como de un horario que permitía a la clase obrera acceder a las bibliotecas, situación que empeoró sustantivamente en 1976, cuando el precio del libro fue gravado con un impuesto cuya dimensión constituye hasta la fecha un lamentable récord mundial.
Por otra parte, tras 33 años desde el retorno a la democracia, hoy cultura representa apenas el 0,44% del presupuesto nacional, parte importante del cual se desmigaja en fondos concursables que en tres décadas jamás han resuelto las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores de las culturas. La ofensiva institucional contra el sector cultural también ha alcanzado a sus organizaciones, y si hace medio siglo se dio término a la anualidad del Premio Nacional de Literatura, hace 31 años, durante la denominada “transición”, se puso fin a la participación de la SECH, creadora del galardón, en el jurado. Esa vía para marginar a las organizaciones culturales de las instancias que les son propias no constituye un hecho aislado, sino una tendencia. Así, el gobierno de Sebastián Piñera intentó aprobar una Ley del Patrimonio de clara matriz oligárquica, sin realizar la consulta indígena exigida en el marco del Convenio 169 de la OIT, y dejando fuera del Consejo de Monumentos Nacionales tanto a la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile como a la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH). Mientras, obras artísticas y sitios patrimoniales siguen cediéndose de manera descarada y vergonzosa a entidades privadas, como acaba de ocurrir con el Pucará inca del cerro La Compañía.
Las autoridades han desmantelado durante décadas el teatro, la danza, la plástica, la música y la literatura. ¿Qué sigue? ¿Dónde están hoy las piezas creadas por Violeta Parra? ¿Cuál es la verdadera razón por la que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio declinó la participación de Chile como invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt? ¿Por qué tanto menoscabo oficial a las letras de un país que tiene dos galardonados con el Premio Nobel y creadores de la estatura de Diamela Eltit, Raúl Zurita y tantos otros? Este es el Estado cuya Política Nacional de la Lectura y el Libro venía diciendo, desde 2015, que “desde el mundo privado ha existido un esfuerzo significativo por transformar a Chile nuevamente en una potencia editorial”. Sin embargo, como se desprende del Informe del ISBN, este año las cifras de publicación de libros volvieron a caer, y el descenso es precisamente brutal en literatura (11,26%), literatura infantil (29,4%), educación (13,6%), ciencias (15,8%) y filosofía (22,7%). Cifras como las del SIMCE, la OCDE, la Universidad de Chile y el ISBN no son el mero resultado de una coyuntura, sino el corolario de políticas sistemáticas e inaceptables como las aquí resumidas, que conculcan los derechos sociales y culturales de la población. Exigimos, pues, a las autoridades respectivas escuchar la voz de quienes cotidianamente trabajamos con la palabra, y esperamos, sinceramente, que el Presidente de la República, Gabriel Boric, reciba a la SECH y atienda las propuestas con las cuales iniciar el camino que imprima un urgente cambio de dirección al actual estado de cosas.

DIRECTORIO NACIONAL
SOCIEDAD DE ESCRITORAS Y ESCRITORES DE CHILE